Recibir una denuncia por violencia de género es una de las situaciones más graves que puede afrontar un hombre en España desde el punto de vista penal y personal. El procedimiento se pone en marcha de forma inmediata, los plazos son muy breves y las consecuencias —detención, orden de alejamiento, exclusión del domicilio— pueden producirse antes de que el juzgado haya valorado las pruebas.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece un marco de protección reforzada para las víctimas que incluye juzgados especializados (Juzgados de Violencia sobre la Mujer), fiscalías dedicadas y un sistema de medidas cautelares de aplicación casi automática. Sin embargo, como ha reiterado la jurisprudencia más reciente, el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución permanece plenamente vigente.
Conocer los derechos y actuar con una defensa técnica desde el primer minuto es determinante. En Altaley Abogados, con larga experiencia en derecho penal, asistimos a los investigados en procedimientos de violencia de género desde la detención.
Qué ocurre en las primeras horas tras la denuncia
Una vez interpuesta la denuncia, la Policía o la Guardia Civil está obligada a actuar con celeridad. Es frecuente que, tras la denuncia, se practique la detención preventiva del investigado, especialmente cuando existen indicios de riesgo o convivencia y puede permanecer en dependencias policiales hasta un máximo de 72 horas antes de ser puesto a disposición judicial.
En la fase policial, el detenido tiene derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo. El único dato que está obligado a facilitar es su identidad. Todo lo que se diga en comisaría sin presencia de abogado puede usarse como prueba en su contra: no es aconsejable dar ninguna explicación antes de contar con asistencia letrada.
Transcurridas las 72 horas, el detenido es trasladado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de guardia. El juez de instrucción celebra la comparecencia de medidas cautelares, en la que decide si acuerda la puesta en libertad sin cargos, la libertad con medidas cautelares (como la orden de alejamiento) o, en los casos más graves, la prisión provisional.
Derechos fundamentales del investigado: la presunción de inocencia no desaparece
Una denuncia no es una condena. El sistema de protección a las víctimas de violencia de género opera con medidas cautelares —que son provisionales, revisables y recurribles—, pero ello no altera los derechos procesales del investigado:
- Presunción de inocencia (art. 24.2 CE): nadie puede ser condenado sin prueba de cargo suficiente. El Tribunal Constitucional ha establecido de forma reiterada que la sola declaración de la denunciante puede ser prueba válida, pero debe reunir los requisitos de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.
- Derecho a no declarar (art. 24.2 CE): el investigado puede guardar silencio total o parcial, tanto en sede policial como ante el juez, sin que ese silencio pueda interpretarse como indicio de culpabilidad.
- Asistencia letrada desde la detención (art. 17.3 CE y art. 520 LECrim): el detenido tiene derecho a designar abogado de su elección o, si no lo hace, a que se le nombre uno de oficio. El abogado debe estar presente en todas las diligencias.
- Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, en un lenguaje comprensible.
La jurisprudencia ha reforzado estas garantías en 2026. La Audiencia Provincial de Madrid, acordó el sobreseimiento provisional de un caso de amenazas al confirmar que la declaración de la denunciante, sin testigos ni prueba material adicional, no destruye la presunción de inocencia del investigado. El tribunal dejó establecido que los procedimientos de violencia de género no son una excepción al principio de presunción de inocencia.
La orden de alejamiento: qué implica y qué no se puede hacer
La orden de alejamiento es la medida cautelar más frecuente en estos procedimientos. El juez puede acordarla en la comparecencia inicial y suele incluir:
- Prohibición de aproximarse a la denunciante a menos de una distancia determinada (habitualmente 300-500 metros).
- Prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio (teléfono, mensajes, redes sociales, intermediarios).
- En muchos casos, prohibición de acudir al domicilio familiar.
El incumplimiento de la orden de alejamiento es un delito tipificado en el artículo 468 del Código Penal con pena de prisión de seis meses a un año. Este delito se comete incluso cuando el contacto es iniciado por la propia denunciante: si ella llama y él responde, él incurre en delito. La responsabilidad penal es unilateral.
La orden de alejamiento puede recurrirse en apelación alegando desproporción o ausencia de riesgo. También puede solicitarse su modificación o alzamiento si cambian las circunstancias que la motivaron. Ambas gestiones deben realizarse a través del abogado defensor.
Cómo construir una defensa eficaz
La estrategia de defensa depende de los hechos concretos, pero hay elementos que son invariablemente relevantes:
Reunir toda la documentación disponible desde el primer momento
Mensajes de texto, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas, fotografías o vídeos que contextualicen la relación o contradigan la versión de los hechos deben preservarse de inmediato. La cadena de custodia digital importa: conviene que el abogado tome capturas o realice un acta notarial si el material es especialmente relevante.
Identificar posibles testigos
Vecinos, familiares comunes, amigos o compañeros de trabajo que puedan aportar información sobre el contexto de la relación o sobre los hechos concretos son prueba potencialmente valiosa. El abogado debe identificarlos y proponerlos como testigos antes del juicio oral.
No actuar unilateralmente
Intentar contactar con la denunciante para «aclarar las cosas», publicar en redes sociales sobre el caso, acercarse al domicilio o al entorno familiar de la denunciante son actuaciones que pueden agravar la situación penal e, incluso, constituir nuevos delitos. Todo movimiento debe consultarse previamente con el abogado.
El procedimiento judicial: fases y plazos
Los procedimientos por violencia de género se tramitan con carácter preferente y urgente. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer instruye el caso; si hay suficientes indicios, eleva la causa al Juzgado de lo Penal para la celebración del juicio oral. En los delitos menos graves es frecuente el juicio rápido, que puede celebrarse en días o semanas desde los hechos. Existe también la posibilidad de llegar a una conformidad con el Ministerio Fiscal, que implica reconocer los hechos a cambio de una pena reducida. La conformidad tiene ventajas en términos de tiempo y condena, pero sus consecuencias son definitivas: supone una condena firme con antecedentes penales. Solo debe valorarse tras un análisis riguroso de las posibilidades reales de absolución en el juicio.
La protección de las víctimas constituye una prioridad del sistema penal español, pero ello debe compatibilizarse con el pleno respeto a los derechos fundamentales del investigado.
Preguntas frecuentes
¿Qué hacer en las primeras 24 horas?
- No declarar sin abogado
- Guardar mensajes
- Evitar contacto con al denunciante
- Recopilar testigos
- No borrar conversaciones
¿Tengo que salir de casa si se acuerda una orden de alejamiento?
Sí, si la orden de alejamiento incluye la prohibición de acudir al domicilio familiar. Mientras la medida cautelar esté vigente, aproximarse a ese domicilio constituye delito de quebrantamiento (art. 468 CP), aunque la propiedad sea compartida o exclusiva del investigado. El abogado puede solicitar al juzgado que se fije un momento para retirar efectos personales con presencia policial.
¿Si la denunciante retira la denuncia, se archiva el caso?
No necesariamente. En los delitos de violencia de género, la acción penal es pública: la fiscalía puede continuar el procedimiento aunque la víctima retire la denuncia o se acoja a su derecho a no declarar contra el acusado (art. 416 LECrim). La retirada de la denuncia no garantiza el archivo.
¿Qué ocurre con los hijos durante el proceso?
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer es también competente para adoptar medidas civiles sobre menores (guarda, visitas, pensión de alimentos) con carácter cautelar. La situación procesal del investigado puede afectar temporalmente al régimen de visitas acordado hasta ese momento. El abogado debe actuar coordinadamente en la vía penal y en la civil.
¿Puedo recuperar el acceso a la vivienda si me absuelven?
La absolución en el juicio oral conlleva el alzamiento de todas las medidas cautelares, incluida la prohibición de acceso al domicilio. Si la sentencia absolutoria es firme, el investigado recupera plenamente sus derechos. La sentencia debe notificarse al Registro Central de Penados para que no consten antecedentes.
La estrategia de defensa en las primeras horas puede condicionar todo el procedimiento penal. Nuestro equipo penalista interviene desde la detención y comparecencia urgente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En Altaley Abogados y Economistas analizamos su caso de forma personalizada y le ofrecemos la mejor estrategia jurídica adaptada a su situación. Puede contactar con nosotros para recibir asesoramiento profesional y resolver su problema con garantías.
📞 Altaley Abogados y Economistas · Calle Castelló 82, Madrid · altaley.com
Referencias normativas y jurisprudenciales
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOE: boe.es
• Código Penal, arts. 153, 468 (quebrantamiento). BOE: boe.es
• Constitución Española, art. 24.2 (presunción de inocencia, derecho a no declarar). BOE: boe.es
• Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 416, 520. BOE: boe.es
• Auto 610/2026, AP Madrid, Sección 27, de 25 de marzo de 2026 (sobreseimiento por presunción de inocencia). CGPJ: poderjudicial.es