Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y quién no

Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es la primera pregunta que aparece cuando las cuotas dejan de encajar en la nómina y las llamadas de recobro se vuelven diarias. La respuesta no es «cualquiera», pero tampoco es tan restrictiva como se suele contar: el procedimiento está pensado para personas físicas —asalariados, pensionistas, familias y trabajadores autónomos— que no pueden pagar y que han llegado hasta ahí sin ocultar bienes ni falsear su situación. En este artículo se explica qué mira el juzgado, qué deudas entran en la cancelación y qué circunstancias dejan a alguien fuera.

Puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad cualquier persona física insolvente —particular, consumidor, pensionista o trabajador autónomo— que no pueda atender sus deudas de forma regular y actúe como deudor de buena fe: sin condenas económicas recientes, sin ocultación de patrimonio y sin haber provocado su insolvencia de forma dolosa. Las sociedades mercantiles quedan fuera de este mecanismo.

Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

La normativa concursal no pide una lista interminable de papeles, pero sí que se cumplan unas condiciones básicas antes de que el juzgado admita la solicitud. Desde la reforma concursal de 2022 desapareció el trámite previo de acuerdo extrajudicial de pagos ante notario o cámara de comercio, de modo que el acceso es más directo y la tramitación se concentra en los juzgados de lo mercantil.

  • Ser persona física: particular, consumidor o trabajador autónomo.
  • Encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente.
  • Tener deudas con más de un acreedor, no una deuda aislada.
  • Reunir la condición de deudor de buena fe, sin conductas de ocultación ni fraude.
  • No haber obtenido una exoneración en los años inmediatamente anteriores; la ley fija un plazo de carencia que conviene revisar con el expediente delante.

Ninguno de estos puntos se valora de forma mecánica. El juzgado analiza el conjunto: el origen de las deudas, la evolución de los ingresos y qué hizo el deudor cuando la situación empezó a torcerse.

Insolvencia actual o inminente, el punto de partida

La insolvencia es el presupuesto objetivo del procedimiento y no equivale a «tener muchas deudas». Es actual cuando ya no se pueden atender los pagos con regularidad: se van acumulando impagos de cuotas, recibos domiciliados que vuelven, aplazamientos que se encadenan. Es inminente cuando los pagos aún se cubren, pero se prevé con certeza que en los próximos meses dejarán de poder atenderse, por ejemplo tras un despido, el cierre de una actividad o el vencimiento de una póliza de crédito. Esa segunda vía permite actuar antes de que el deterioro sea total, algo relevante porque cuanto más tarde se interviene, menos margen queda para negociar con los acreedores y más intereses de demora se acumulan sobre el pasivo.

Qué entiende el juzgado por deudor de buena fe

La buena fe no se mide conforme al Artículo 487 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo; Por la cantidad adeudada ni por la mala suerte, sino por la conducta. Se analiza si el deudor ha colaborado facilitando documentación veraz, si ha declarado todos sus bienes y todos sus acreedores, y si existen condenas recientes por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores, así como por falsedad documental.

La diferencia entre un concurso fortuito —la insolvencia sobrevino— y uno culpable —se agravó deliberadamente— es, en la práctica, la frontera entre obtener la exoneración y que se deniegue.

No se concederá la exoneración al deudor incurso en cualquiera de las siguientes circunstancias:

  1. Condenas penales: Haber sido condenado en sentencia firme en los 10 años anteriores a penas privativas de libertad (iguales o superiores a 3 años) por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental, Hacienda Pública o Seguridad Social.
  2. Sanciones administrativas: Haber sido sancionado en los últimos 10 años por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de Seguridad Social o del orden social, salvo que se hubiera satisfecho íntegramente la responsabilidad.
  3. Concurso culpable: Que el concurso haya sido declarado culpable, salvo que la calificación obedezca exclusivamente al retraso en la solicitud del concurso.
  4. Incumplimiento de deberes: Haber proporcionado información falsa o engañosa, o actuado de forma temeraria al tiempo de contraer endeudamiento.

Perfiles legitimados para pedir la exoneración

El mecanismo está abierto a cuatro grandes perfiles:

El beneficio está legalmente reservado a las personas naturales:

  • Particulares asalariados y consumidores: Personas afectadas por créditos al consumo, préstamos personales o créditos revolving.
  • Trabajadores autónomos y pequeños empresarios: Personas físicas que acumulan deudas comerciales, bancarias y tributarias vinculadas al ejercicio de su actividad profesional.
  • Avalistas y fiadores personales: Personas físicas que constituyeron fianzas en respaldo de operaciones operativas de sociedades mercantiles.
  • Jubilados y pensionistas: Personas con ingresos fijos procedentes de pensiones públicas que no alcanzan a cubrir el servicio de la deuda.


Una sociedad limitada no puede acogerse: su camino es el concurso de acreedores y, en su caso, la liquidación. Sí puede hacerlo el administrador o el socio que haya avalado personalmente las deudas de esa sociedad, porque responde con su propio patrimonio.

Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI): es el nombre técnico de la cancelación judicial de deudas dentro de la Ley de Segunda Oportunidad. Sustituyó al antiguo BEPI tras la reforma concursal y puede concederse liquidando el patrimonio o, alternativamente, sometiéndose a un plan de pagos sin liquidación." De conformidad con el Artículo 486 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (modificado el 2022-09-06 por BOE-A-2022-14580)

También pueden acudir los jubilados y pensionistas, siempre que exista pasivo pendiente y capacidad de acreditar la insolvencia, y las personas sin ingresos ni bienes, cuyo expediente suele resolverse por la vía de la liquidación.

Quién se puede acoger siendo autónomo o pequeño empresario

El trabajador autónomo es uno de los perfiles más habituales, porque suele acumular tres frentes a la vez: deuda bancaria y de circulante, deuda comercial con proveedores y deuda pública con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. A eso se añaden, en muchos casos, los avales personales firmados en préstamos ICO o en líneas de crédito. Que la actividad siga abierta no impide solicitar la exoneración: existe la posibilidad de continuar con el negocio si es viable y acogerse a un plan de pagos, al amparo del Artículo 501 del Real Decreto Legislativo 1/2020 (modificado por BOE-A-2022-14580 en lugar de liquidar. Lo que sí conviene ordenar antes es la contabilidad, las declaraciones trimestrales presentadas y el detalle de cada acreedor, porque la documentación incompleta es el motivo más frecuente de requerimiento judicial y de retraso en la tramitación.

Deudas que se cancelan y deudas que resisten

La exoneración alcanza, de acuerdo con el Artículo 489 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo (modificado el 2022-09-06 por BOE-A-2022-14580), con carácter general, a los préstamos personales, hipotecarios en la parte que quede pendiente tras la ejecución, tarjetas revolving, microcréditos, descubiertos, deudas con proveedores y saldos derivados de avales. La deuda pública tiene un tratamiento distinto: la legislación concursal fija un tope por organismo, de modo que no se cancela sin límite. Los importes y los tramos que marca el texto refundido de la Ley Concursal publicado en el BOE son el punto de referencia para calcular qué parte quedará viva después del procedimiento.

Tipo de Deuda

Régimen de Exoneración

Base Normativa

Préstamos ordinarios, tarjetas y descubiertos

Exonerables al 100% de la cuantía.

Art. 489.1 TRLC

Deuda pública AEAT y haciendas locales

Exonerable integra hasta 5.000 €; al 50% el resto hasta un máximo de 10.000 €.

Art. 489.1.5º TRLC

Deuda pública Seguridad Social (TGSS)

Exonerable integra hasta 5.000 €; al 50% el resto hasta un máximo de 10.000 €.

Art. 489.1.5º TRLC

Pensiones de alimentos e indemnizaciones por delito

No exonerables en ningún caso.

Art. 489.1.2º y 3º TRLC

Multas penales y administrativas muy graves

No exonerables en ningún caso.

Art. 489.1.6º TRLC

Créditos con garantía real (hipotecas)

Exonerables únicamente en la cuantía sobrante tras ejecutar la garantía.

Art. 489.1.8º TRLC

Obtenida la exoneración, procede además solicitar la baja en los ficheros de morosidad —ASNEF, RAI— y la actualización de la posición en la CIRBE, que es lo que permite volver a operar con normalidad bancaria. En nuestro servicio de cancelación de deudas con la Ley de Segunda Oportunidad revisamos primero qué porcentaje del pasivo es realmente exonerable antes de iniciar nada.

Conservar la vivienda habitual mediante un plan de pagos

Tener una casa en propiedad no excluye del procedimiento, aunque sí condiciona la vía. Existen dos caminos: la exoneración con liquidación del patrimonio, conforme al Artículo 495 del Real Decreto Legislativo 1/2020 (modificado por BOE-A-2022-14580), en la que los bienes se realizan para pagar a los acreedores, y la exoneración con plan de pagos, que permite no liquidar y destinar durante unos años una parte de los ingresos a atender el pasivo que no se cancela. Esa segunda vía es la que suele interesar a quien quiere mantener la vivienda habitual al corriente de su hipoteca.

Requisitos y características del plan de pagos

  • Duración: La duración del plan de pagos es de tres años con carácter general, ampliándose a cinco años cuando no se liquide la vivienda habitual del deudor y sus familias o cuando la cuantía de los pagos dependa de la evolución de la renta disponible.
  • Contenido: De acuerdo con el Artículo 496 del Real Decreto Legislativo 1/2020, deberá incluir un calendario de pagos de los créditos no exonerables (como la parte no exenta de la deuda pública o las cuotas hipotecarias al día) y detallar los recursos previstos para su cumplimiento.
  • Exoneración definitiva: Transcurrido el plazo del plan de pagos sin revocar la concesión provisional, el juez dictará auto de exoneración definitiva, tal como establece el Artículo 500 del Real Decreto Legislativo 1/2020.

Causas que dejan fuera del procedimiento

Hay situaciones que bloquean el acceso o que llevan a una denegación posterior.

  • Ocultación patrimonial o de ingresos: Aportar información falsa o inexacta sobre el inventario de bienes o sobre la unidad familiar en la solicitud.
  • Brecha en los plazos de carencia: No haber transcurrido los plazos legales mínimos entre exoneraciones (5 años si derivó de un plan de pagos o 2 años si fue tras liquidación).
  • Mantenimiento de la responsabilidad de avalistas: El auto de exoneración beneficia exclusivamente al deudor concursal. Los fiadores, avalistas y obligados solidarios mantienen sus compromisos con los acreedores, conforme al régimen general.

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Segunda Oportunidad

¿Puedo acogerme a la Ley de Segunda Oportunidad si no tengo ingresos?

Sí. De acuerdo con el Artículo 501 del Real Decreto Legislativo 1/2020, la falta de ingresos no impide iniciar el procedimiento, porque lo que se exige es insolvencia, no capacidad de pago. En esos casos la vía habitual es la exoneración con liquidación, al no existir patrimonio relevante ni margen para sostener un plan de pagos durante varios años.

¿Se cancelan las deudas con Hacienda y la Seguridad Social?

Solo en parte. La ley fija un tope de 10.000 euros por cada organismo, de modo que la deuda pública que supere esos límites sigue siendo exigible y habrá que negociar su aplazamiento o fraccionamiento. Es uno de los puntos que más conviene calcular antes de presentar la solicitud.

¿La exoneración elimina el registro del deudor en los ficheros de morosidad?

Sí. Obtenida la resolución judicial firme de exoneración, los acreedores cuyos créditos hayan sido exonerados deben proceder al borrado de los datos del deudor en los ficheros sobre solvencia patrimonial (ASNEF, RAI) y a la actualización del historial de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE)

¿Pierdo el coche o las herramientas de trabajo?

No necesariamente. En la vía de plan de pagos según los Artículos 495 y 496 del TRLC, no hay liquidación de patrimonio, y en la de liquidación se valora cada bien según su valor real y su utilidad. Un vehículo antiguo o el equipamiento imprescindible para seguir generando ingresos reciben un tratamiento distinto al de un segundo inmueble.

¿Qué pasa con mi pareja si estamos en gananciales?

El régimen económico matrimonial influye en qué bienes se consideran del deudor y cuáles no. Las deudas contraídas por uno solo de los cónyuges pero imputables a la sociedad de gananciales quedan sujetas al procedimiento, y en muchos casos tiene sentido estudiar si conviene que ambos cónyuges tramiten su solicitud. Depende del origen de las deudas y de la titularidad de cada bien.

¿Cuánto tarda en resolverse?

Varía mucho según el juzgado, la complejidad del patrimonio y si algún acreedor se opone. Los expedientes sencillos, con documentación completa y sin oposición, se resuelven con bastante agilidad; los que implican actividad empresarial, inmuebles o deuda pública elevada se alargan. No existe un plazo uniforme aplicable a todos los casos.

Referencias Legales