Cuando una persona toma la decisión de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, la primera pregunta que surge, antes incluso de conocer los detalles del procedimiento, es siempre la misma: ¿cuánto tiempo voy a tardar en cancelar mis deudas? Es una pregunta comprensible, porque quienes llegan a este punto llevan meses —o años— aguantando la presión de los acreedores, los embargos y la incertidumbre económica.
La respuesta honesta es que no existe un plazo único. La duración del proceso depende de varios factores concretos que analizaremos en este artículo. Lo que sí puede afirmar con certeza es que, desde la reforma de la Ley Concursal a través de la Ley 16/2022, del 5 de septiembre, los tiempos se han reducido de forma significativa al eliminarse los trámites extrajudiciales previos que antes consumían entre tres y seis meses adicionales.
A continuación te explicamos los plazos reales en 2026, fase por fase y según el tipo de procedimiento, para que puedas gestionar tus expectativas y tomar decisiones con información fiable.
Lo primero que debes saber: la reforma de la Ley del 2022 eliminó meses de trámites
Antes de la reforma, el procedimiento obligaba a intentar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) ante notario, con un mediador concursal, antes de poder acudir al juzgado. Ese trámite previo se extendía, como mínimo, entre dos y cuatro meses, sin garantía de éxito y con costes adicionales para el deudor.
La Ley 16/2022 eliminó esa exigencia. Desde entonces, el proceso es completamente judicial desde el primer momento: se presenta la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil competente y el procedimiento avanza sin pasos previos ante notario ni mediador. Esa simplificación ha acortado los plazos reales y ha reducido los costes del proceso de forma apreciable.
Plazos generales: de 4 a 18 meses según el tipo de caso y la localidad
El proceso completo de la Ley de Segunda Oportunidad se resuelve, en términos generales, en un plazo de 4 a 18 meses. Esa horquilla tan amplia responde a una variable fundamental: si el deudor tiene bienes a su nombre o no y la localidad donde se resuelve el proceso. No todos los tribunales van a la misma velocidad, por ejemplo en localidades con plazas específicas se suele finalizar antes.
| Tipo de procedimiento | Plazo habitual | Perfil del deudor |
| Concurso sin masa | 4–8 meses | Sin bienes o con patrimonio mínimo |
| Concurso con liquidación | 10–18 meses | Con vivienda, vehículos u otros activos |
| Vía plan de pagos (art. 493 TRLC) | 3–5 años | Quiere conservar la vivienda habitual |
Las fases del proceso y cuánto dura cada una
Fase 1 — Preparación del expediente: 2 a 4 semanas
Esta fase depende por completo del deudor y de su abogado. El tiempo necesario para recopilar la documentación exigida —certificados de deudas, extractos bancarios, declaraciones de IRPF, antecedentes penales, justificante de bienes y cargas— oscila normalmente entre dos y cuatro semanas. Una preparación rigurosa del expediente es determinante: un documento incompleto o un error en la identificación de los acreedores puede provocar requerimientos judiciales que retrasen el proceso entre uno y tres meses.
En este punto, contar con un despacho especializado marca una diferencia clara. En Altaley Abogados y Economistas disponemos de un servicio de gestoría propio, incluido en el presupuesto, que se encarga de obtener toda la documentación sin que el cliente tenga que realizar ningún trámite, acelerando su obtención.
Fase 2 — Admisión a trámite: 1 a 2 meses
Una vez presentada la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil competente, el juez revisa el expediente y dicta el auto de declaración de concurso. Este trámite suele tardar entre uno y dos meses, aunque puede variar en función de la carga de trabajo del Juzgado. Desde el momento en que se dicta ese auto y tras comunicarlo a los tribunales, se paralizan de forma inmediata todos los embargos y ejecuciones, y dejan de acumularse intereses. Este efecto protector es el primer resultado tangible del proceso para el deudor.
Fase 3A — Concurso sin masa: 3 a 6 meses adicionales
Si el deudor no dispone de bienes significativos —o los que tiene son inembargables o de valor inferior a las cargas que soportan—, el procedimiento se tramita como concurso sin masa al amparo de los artículos 37 bis a 37 quáter del TRLC (complementados por el art. 37 quinquies para el auto complementario). Es la vía más ágil.
Tras la publicación del auto en el BOE y en el Registro Público Concursal, los acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo disponen de 15 días hábiles para solicitar el nombramiento de un administrador concursal. Si ninguno lo solicita —lo que es habitual en casos bien planteados—, el deudor puede pedir la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en los 10 días hábiles siguientes. El juez la concede si se verifican los requisitos de buena fe del artículo 487 del TRLC. Todo este trámite judicial dura habitualmente entre tres y seis meses.
Fase 3B — Concurso con liquidación de bienes: 6 a 12 meses adicionales
Cuando el deudor tiene patrimonio embargable —una vivienda no hipotecada, un vehículo con valor de mercado significativo, cuentas con saldo—, el juzgado nombra un administrador concursal. Este profesional elabora un informe sobre el activo y el pasivo del deudor, supervisa la valoración y liquidación de los bienes y distribuye el producto entre los acreedores según el orden de prelación legal.
Esta fase es la más larga y compleja del procedimiento. Desde el nombramiento del administrador hasta la conclusión de la liquidación y la concesión del EPI puede transcurrir entre seis y doce meses adicionales, dependiendo de la complejidad del patrimonio y de la fluidez del proceso de venta de activos.
Fase 3C — Plan de pagos: 3 a 5 años
El deudor que quiere conservar su vivienda habitual o sus bienes puede optar por la vía del plan de pagos, regulada en el artículo 493 del TRLC (régimen especial de exoneración, arts. 493 a 499 TRLC). Esta opción supone comprometerse a abonar durante un período de tres a cinco años las deudas no exoneradas directamente (como el crédito público que supera los límites de exoneración), a cambio de no liquidar sus propiedades.
Lo importante es que, desde el primer día de admisión del concurso, los embargos se paralizan y los intereses se congelan, lo que proporciona un alivio inmediato aunque el proceso formal se extienda en el tiempo.
Factores que aceleran o retrasan el proceso
La calidad del expediente inicial
Un expediente completo, con todos los créditos correctamente identificados y cuantificados, evita requerimientos judiciales y oposiciones de acreedores que pueden paralizar el procedimiento durante semanas. Las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2026 (STS 254/2026 y 260/2026) han reforzado la exigencia de que el deudor identifique correctamente todas sus deudas: la deuda que no se comunique en el expediente no será perdonada.
La carga de trabajo del juzgado
La saturación de determinados juzgados mercantiles tiene un impacto real en los plazos. En 2026, el incremento sostenido de solicitudes de segunda oportunidad ha aumentado la carga de trabajo en las principales secciones de lo mercantil de España. Algunos órganos judiciales con sistemas digitales avanzados resuelven expedientes a una velocidad notablemente mayor que aquellos que aún tramitan en papel. De ahí que la localidad donde se tramite el procedimiento es un factor importante.
La oposición de los acreedores
Aunque es infrecuente cuando el expediente está bien preparado, la oposición formal de acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo total puede provocar el nombramiento de un administrador concursal incluso en un concurso sin masa, alargando el proceso entre dos y cuatro meses adicionales.
La existencia de deuda pública significativa
Los casos con deuda elevada con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social son más complejos, ya que estas administraciones suelen personarse en el procedimiento. No obstante, la doctrina del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2026 (STS 254/2026 y 260/2026) ha proporcionado mayor seguridad jurídica sobre el tratamiento de este crédito, lo que debería traducirse en menos litigiosidad en esta materia y, por tanto, en procedimientos más predecibles.
¿Cuándo empieza a notarse el efecto de la ley?
Aunque el proceso completo puede durar varios meses, el deudor percibe un primer efecto tangible desde el momento em que se presenta la solicitud, pues queda resguardada su responsabilidad y deja de pagar las cuotas de los préstamos, cuando el juez admite la solicitud y declara el concurso. Para muchas personas en situación de insolvencia, esa paralización inmediata representa ya un alivio enorme, incluso antes de que el procedimiento concluya.
En la práctica, el calendario real de un caso tipo en 2026 es el siguiente: dos a cuatro semanas de preparación del expediente, uno o dos meses hasta la declaración del concurso —y con ella, la paralización de embargos—, y tres a seis meses adicionales hasta la concesión del EPI en concursos sin masa. En total, entre cuatro y ocho meses desde el inicio hasta la cancelación definitiva de las deudas.
Preguntas frecuentes
¿Existe un plazo máximo legal para resolver el proceso?
El TRLC no fija un límite temporal específico para los procedimientos ordinarios de concurso de persona física. En la práctica, los concursos sin masa —que son los más habituales— se resuelven en un plazo de cuatro a ocho meses desde la presentación. Los procedimientos con liquidación de bienes pueden extenderse entre diez y dieciocho meses dependiendo de la complejidad patrimonial. El plan de pagos, por su propia naturaleza, tiene un plazo de hasta cinco años, con un mínimo de tres conforme a la Directiva (UE) 2019/1023.
¿Qué pasa con mis embargos mientras dura el proceso?
Desde el momento en que el juez dicta el auto de declaración del concurso, los embargos en curso quedan paralizados y no pueden iniciarse nuevas ejecuciones. Esto incluye los embargos de nómina, cuentas bancarias y en algunos casos las retenciones de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
¿La vía del plan de pagos tarda realmente 3 o 5 años?
El plan de pagos implica un compromiso de abono durante ese período, pero desde el primer día los embargos se detienen y las deudas privadas quedan canceladas. Lo que el deudor abona durante esos años corresponde al plan de pagos aprobado. Al finalizar el plan, se concede la exoneración definitiva.
¿Puede el proceso demorarse más de lo previsto?
En casos complejos —con patrimonio significativo, pluralidad de acreedores públicos personados o liquidación de bienes que presenta dificultades—, el procedimiento puede superar los plazos habituales. Por eso es fundamental que el expediente se prepare con rigor desde el inicio y que el abogado gestione activamente cada fase del proceso para evitar dilaciones innecesarias.
Igualmente, en casos de tribunales saturados o con problemas de gestión, el procedimiento puede alargarse algunos meses más.
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Referencias normativas
- Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), RD Legislativo 1/2020 — Arts. 37 bis, 37 ter, 37 quáter, 37 quinquies, 470, 487, 493-499, 502. BOE: boe.es
- Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del TRLC — BOE núm. 214, de 6 de septiembre de 2022.
- Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas.
- STS 254/2026 y STS 260/2026, de 18 de febrero de 2026, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (exoneración crédito público). CGPJ: poderjudicial.es